Contrato minero entre el Estado y la empresa Minera Panamá

El contrato minero en Panamá, entre el Estado y la empresa Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals, fue un tema de gran controversia.



”Desmitificación de las noticias”


 ¿Qué dice el contrato minero?

Un caso reciente y muy relevante de noticias polémicas en Panamá es el que rodea al contrato minero entre el Estado y la empresa Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals. La situación generó múltiples versiones contrapuestas, movilizando a gran parte de la población.


Versiones a favor del contrato

  • Impacto económico: El gobierno y la empresa defendían el contrato argumentando que generaría ingresos significativos para el país, con regalías de más de 375 millones de dólares anuales. Afirmaban que la minería era un pilar importante para la economía nacional, contribuyendo con una parte considerable del producto interno bruto (PIB).

  • Creación de empleo: Se destacaba la creación de alrededor de 7,500 empleos directos y miles más indirectos, señalando que la cancelación del contrato tendría un impacto negativo severo en la fuerza laboral del país.

  • Beneficios sociales: Se aseguraba que la empresa cumplía con las regulaciones ambientales y que el contrato era el más beneficioso en la historia de Panamá.


Versiones en contra del contrato

  • Daño ambiental: Organizaciones ambientalistas y una gran parte de la ciudadanía denunciaron que la mina a cielo abierto causaba daños irreversibles al medio ambiente, incluyendo la contaminación de ríos y la deforestación.

  • Falta de transparencia: Se cuestionó la forma en que se aprobó el contrato, con un proceso legislativo que muchos consideraron apresurado y sin suficiente consulta pública ni estudios de impacto ambiental adecuados.

  • Violación de soberanía: Grupos de manifestantes y expertos legales argumentaron que el contrato contenía cláusulas que comprometían la soberanía de Panamá y que sus beneficios económicos no eran proporcionales a los riesgos ambientales y sociales.     

Este conflicto culminó con masivas protestas en todo el país y un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró el contrato inconstitucional, un triunfo para los sectores que se oponían a él.


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